THE PLENARY OF THE TC UNANIMOUSLY CONSIDERS THAT THE PRE-TRIAL DETENTION
OF FORCADELL DECREED BY THE SUPREME COURT WAS BASED ON THE LEGITIMATE
AIM OF PRECLUDING THE RISK OF ESCAPE.
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My comment: On these grounds, not only could every single pre-trial detainee be held indefinitely, but prison leave could also be denied until the whole sentence has been completed. Note she was held on absurd grounds of "rebellion" - absurd, but designed to be able to keep her in prison until and during the trial (the latter, over 600 km from home) - for allowing a parliamentary debate.
CONSTITUTIONAL COURT
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CONSTITUTIONAL COURT
President's Office
Press Room
COMMUNIQUÉ No. 11/2020
THE PLENARY OF THE TC UNANIMOUSLY CONSIDERS THAT THE PRE-TRIAL DETENTION OF FORCADELL DECREED BY THE SUPREME COURT IS BASED ON THE LEGITIMATE AIM OF PRECLUDING THE RISK OF ESCAPE
The Plenary of the Constitutional Court has unanimously dismissed the appeal lodged by Mrs. Forcadell against the order of March 23, 2018 of the investigating judge, who decreed her pre-trial, communicated and bail-free prison, and the May 17 2018 ruling of the Appeal court of the Criminal Chamber of the Supreme Court that completely dismissed her appeal.
The ruling explains that her right to personal liberty or effective judicial protection has not been violated because the contested resolutions are based on a “constitutionally legitimate purpose - to preclude the risk of escape - and that said judgment is formulated on the basis of a set of concurrent circumstances in the case such as the proximity of the trial, the confirmation or firmness of the prosecution, the nature of the crime and the gravity of the penalty”.
As regards the violation of said right due to lack of objective impartiality of the investigating judge, the Court clarifies that “mere mention of the relevance of articles 539 and 505 LECrim implies nothing more than the exercise of a procedural processing power that is inherent in the status of director of the investigation procedure. Such a directive position - impeller of the different procedures and incidents - corresponds, in the legislation in force in Spain, to the figure of the investigating judge”. It is clear that "the investigative procedure at hand had made a qualitative leap with the formalization of the judicial case through the prosecution order."
As regards the claim made by the appellant that her personal and family circumstances have not been taken into account, the judgment refers to the ruling of May 17, 2018, which stated that “they are not relevant enough to remove the risk of escape, given the proven ease with which one can change one's family domicile within the European Union thanks to the help of the international support structure that the defendants have”.
The possible violation of art. 17 of the Spanish Constitution in relation to the rights to ideological freedom, freedom of speech and participation and political representation. The ruling emphasizes that the provisional assessment that the judicial bodies carry out in appealed decisions is that such actions, as part of a joint and preconceived plan in which each defendant fulfilled the role that had been previously assigned to achieve their criminal purposes, did not amount to rhe legitimate exercise of any right, because there are no absolute and unlimited rights, for they constituted, instead, acts of criminal instrumentalization of public institutions.
Madrid, January 22, 2020.
Original text: https://www.tribunconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_011/2018-3707STC.PDF
See also: https://www.elnacional.cat/ca/politica/tr Court-constitucional-avala-preso-forcadell-risc-fuga_462687_102.html
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Nota de premsa
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_011/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2011-2020.pdf
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
NOTA INFORMATIVA Nº 11/2020
EL PLENO DEL TC POR UNANIMIDAD CONSIDERA QUE LA PRISIÓN
PREVENTIVA DE FORCADELL DECRETADA POR EL TRIBUNAL SUPREMO SE FUNDAMENTA EN EL FIN LEGÍTIMO DE EVITAR EL RIESGO DE FUGA
El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha desestimado el recurso de amparo presentado por la Sra. Forcadell contra el auto de 23 de marzo de 2018 del magistrado instructor, que decretó su prisión provisional, comunicada y sin fianza, y el auto de 17 de mayo de 2018 de la Sala de Recursos de la Sala Penal del Tribunal Supremo que desestimó íntegramente su recurso de apelación.
La sentencia explica que no se ha vulnerado su derecho a la libertad personal ni a la tutela judicial efectiva porque las resoluciones impugnadas se fundamentan en un “fin constitucionalmente legítimo –evitar el riesgo de fuga- y que dicho juicio se formula sobre la base de un conjunto de circunstancias concurrentes en el caso como la proximidad del juicio oral, la confirmación o firmeza del procesamiento, naturaleza del delito y gravedad de la pena”.
Respecto a la vulneración de dicho derecho por falta de imparcialidad objetiva del juez instructor, el Tribunal aclara que “mera convocatoria de la audiencia de los arts. 539 y 505 LECrim no supone más que el ejercicio de un poder de tramitación procesal que es inherente a la condición de director del procedimiento de investigación. Tal posición directiva -impulsora de los distintos trámites e incidentes- corresponde, en la legislación vigente en España, a la figura del juez de instrucción”. Es claro que “el procedimiento investigador que nos ocupa había experimentado un salto cualitativo con la formalización de la imputación judicial a través del auto de procesamiento”.
En cuanto a la queja formulada por la recurrente de que sus circunstancias personales y familiares no han sido tomadas en consideración, la sentencia se remite al Auto de 17 de mayo de 2018, en el que se afirmaba que “no tienen relevancia suficiente como para enervar el riesgo de fuga, dada la acreditada facilidad con la que se puede cambiar de domicilio familiar en el ámbito de la Unión Europea gracias al auxilio de la estructura internacional de apoyo con el que cuentan los procesados”.
También se desestima la posible vulneración del art. 17 de la CE en relación con los derechos a la libertad ideológica, la libertad de expresión y participación y representación política. La sentencia subraya que la valoración provisional que realizan los órganos judiciales en las resoluciones recurridas es que tales actuaciones, como parte de un plan conjunto y preconcebido en el que cada procesado cumplía el rol que le había sido asignado previamente para lograr sus fines delictivos, no suponían ejercicio legítimo de derecho alguno, pues no existen los derechos absolutos e ilimitados, sino que constituían actos de instrumentalización criminal de las instituciones públicas.
Madrid, 22 de enero de 2020.
La sentencia explica que no se ha vulnerado su derecho a la libertad personal ni a la tutela judicial efectiva porque las resoluciones impugnadas se fundamentan en un “fin constitucionalmente legítimo –evitar el riesgo de fuga- y que dicho juicio se formula sobre la base de un conjunto de circunstancias concurrentes en el caso como la proximidad del juicio oral, la confirmación o firmeza del procesamiento, naturaleza del delito y gravedad de la pena”.
Respecto a la vulneración de dicho derecho por falta de imparcialidad objetiva del juez instructor, el Tribunal aclara que “mera convocatoria de la audiencia de los arts. 539 y 505 LECrim no supone más que el ejercicio de un poder de tramitación procesal que es inherente a la condición de director del procedimiento de investigación. Tal posición directiva -impulsora de los distintos trámites e incidentes- corresponde, en la legislación vigente en España, a la figura del juez de instrucción”. Es claro que “el procedimiento investigador que nos ocupa había experimentado un salto cualitativo con la formalización de la imputación judicial a través del auto de procesamiento”.
En cuanto a la queja formulada por la recurrente de que sus circunstancias personales y familiares no han sido tomadas en consideración, la sentencia se remite al Auto de 17 de mayo de 2018, en el que se afirmaba que “no tienen relevancia suficiente como para enervar el riesgo de fuga, dada la acreditada facilidad con la que se puede cambiar de domicilio familiar en el ámbito de la Unión Europea gracias al auxilio de la estructura internacional de apoyo con el que cuentan los procesados”.
También se desestima la posible vulneración del art. 17 de la CE en relación con los derechos a la libertad ideológica, la libertad de expresión y participación y representación política. La sentencia subraya que la valoración provisional que realizan los órganos judiciales en las resoluciones recurridas es que tales actuaciones, como parte de un plan conjunto y preconcebido en el que cada procesado cumplía el rol que le había sido asignado previamente para lograr sus fines delictivos, no suponían ejercicio legítimo de derecho alguno, pues no existen los derechos absolutos e ilimitados, sino que constituían actos de instrumentalización criminal de las instituciones públicas.
Madrid, 22 de enero de 2020.
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