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27 de febr. 2015

Els textos sobre les consultes populars a Catalunya

Aquí hi ha una selecció dels extractes dels textos que considerem més rellevants. Aviseu-nos si n'hi ha més!

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1
http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/EstatutConsolidat.pdf
Estatut d'Autonomia de Catalunya (2006)
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Art. 122. 
Consultes populars. 
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva per a l'establiment del règim jurídic, les modalitats, el procediment, l'acompliment i la convocatòria per la mateixa Generalitat o pels ens locals, en l'àmbit de llurs competències, d'enquestes, audiències públiques, fòrums de participació i qualsevol altre instrument de consulta popular, salvant el que disposa l'article 149.1.32 de la Constitució.


http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/10/pdfs/T00003-00014.pdf
Sentència del Tribunal Constitucional 103/2008, FJ 2
«El referéndum es, por tanto, una especie del género “consulta popular” con la que no se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público a través de cualesquiera procedimientos, sino aquella consulta cuyo objeto se refiere estrictamente al parecer del cuerpo electoral (expresivo de la voluntad del pueblo: STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 10) conformado y exteriorizado a través de un procedimiento electoral, esto es, basado en el censo, gestionado por la Administración electoral y asegurado con garantías jurisdiccionales específicas, siempre en relación con los asuntos públicos cuya gestión, directa o indirecta, mediante el ejercicio del poder político por parte de los ciudadanos constituye el objeto del derecho fundamental reconocido por la Constitución en el art. 23 (así, STC 119/1995, de 17 de julio). Para calificar una consulta como referéndum o, más precisamente, para determinar si una consulta popular se verifica “por vía de referéndum” (art. 149.1.32 CE) y su convocatoria requiere entonces de una autorización reservada al Estado, ha de atenderse a la identidad del sujeto consultado, de manera que siempre que éste sea el cuerpo electoral, cuya vía de manifestación propia es la de los distintos procedimientos electorales, con 27 sus correspondientes garantías, estaremos ante una consulta referendaria.» (STC 103/2008, FJ 2)

3
http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Autogovern/Documents/TRANSICI%C3%93%20NACIONAL/Article%20122_EAC.pdf
Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de juny
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Fundamento jurídico 69. 
El art. 122 EAC sobre «Consultas populares» atribuye a la Generalitat «la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución.» Los recurrentes sostienen que el precepto es contrario al art. 149.1.18 y 32 CE, entendiendo las demás partes procesales, por el contrario, que la norma es constitucionalmente inobjetable. Las razones de unos y otros se han recogido en el antecedente 62. Los recurrentes parten de la idea de que no es posible distinguir, como hace el precepto impugnado, entre «consultas populares» y «referéndum», y sobre esa base defienden que la autorización estatal prevista en el art. 149.1.32 CE es necesaria en todo caso. Sin embargo, hemos dicho en la STC 103/2008, de 11 de septiembre, que «[e]l referéndum es … una especie del género ‘consulta popular’ … cuyo objeto se refiere estrictamente al parecer del cuerpo electoral (expresivo de la voluntad del pueblo: STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 10) conformado y exteriorizado a través de un procedimiento electoral, esto es, basado en el censo, gestionado por la Administración electoral y asegurado con garantías jurisdiccionales específicas, siempre en relación con los asuntos públicos cuya gestión, directa o indirecta, mediante el ejercicio del poder político por parte de los ciudadanos constituye el objeto del derecho fundamental reconocido por la Constitución en el art. 23 (así, STC 119/1995, de 17 de julio).» (STC 103/2008, FJ 2). Caben, pues, consultas populares no referendarias mediante las cuales «se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público a través de cualesquiera procedimientos» distintos de los que cualifican una consulta como referéndum (STC 103/2008, FJ 2) y con los límites materiales a los que también hicimos referencia en la STC 103/2008 (FJ 4) respecto de todo tipo de consultas, al margen de la prevista en el art. 168 CE. Las encuestas, audiencias públicas y foros de participación a los que se refiere el art. 122 EAC tienen perfecto encaje en aquel género que, como especies distintas, comparten con el referéndum. Si a ello se añade que las consultas previstas en el precepto se ciñen expresamente al ámbito de las competencias autonómicas y locales, es evidente que no puede haber afectación alguna del ámbito competencial privativo del Estado. En particular, tampoco del título competencial atribuido por el art. 149.1.18 CE, toda vez que, para el cabal entendimiento del art. 122 EAC, como, por lo demás, para la interpretación de todos los preceptos incluidos en el capítulo II del título IV del Estatuto catalán, es necesario partir de las consideraciones de orden general que, con motivo del enjuiciamiento de los arts. 110, 111 y 112 EAC, hemos desarrollado en los fundamentos jurídicos 59 a 61 y 64 acerca del alcance constitucional que merece la calificación como «exclusivas» de determinadas competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma por el legislador estatutario. La exclusividad del art. 122 EAC ha de serlo, por tanto, sin perjuicio de la competencia estatal relativa a las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas. Así interpretada, «la competencia para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular», atribuida a la Generalitat por el art. 122 EAC, es perfectamente conforme con la Constitución, en el bien entendido de que en la expresión «cualquier otro instrumento de consulta popular» no se comprende el referéndum. Tal entendimiento parece implícito en el propio art. 122 EAC, que hace excepción expresa «de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución». Sin embargo, esa excepción no puede limitarse a la autorización estatal para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, sino que ha de extenderse a la entera disciplina de esa institución, esto es, a su establecimiento y regulación. Ello es así por cuanto, según hemos dicho en la repetida STC 103/2008, «la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, es la llamada por el art. 92.3 CE para regular las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución, siendo además la única Ley constitucionalmente adecuada para el cumplimiento de otra reserva, añadida a la competencial del art. 149.1.32 CE: la genérica del art. 81 CE para el desarrollo de los derechos fundamentales, en este caso el derecho de participación política reconocido en el art. 23 CE.» (STC 103/2008, FJ 3). En consecuencia, el art. 122 EAC no es inconstitucional interpretado en el sentido de que la excepción en él contemplada se extiende a la institución del referéndum en su integridad, y no sólo a la autorización estatal de su convocatoria, y así se dispondrá en el fallo.





Sentencia del Tribunal Constitucional 42/2014, de 25 de marzo de 2014
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El planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento, siempre que no se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales, y el intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a esos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable (STC 103/2008, FJ 4).
La apertura de un proceso de tales características no está predeterminada en cuanto al resultado. Ahora bien, el deber de lealtad constitucional, que como este Tribunal ha señalado se traduce en un «deber de auxilio recíproco», de «recíproco apoyo y mutua lealtad», «concreción, a su vez el más amplio deber de fidelidad a la Constitución» (STC 247/2007, de 12 diciembre, FJ 4) por parte de los poderes públicos, requiere que si la Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, que tiene reconocida por la Constitución iniciativa de reforma constitucional (artículos 87.2 y 166 CE), formulase una propuesta en tal sentido, el Parlamento español deberá entrar a considerarla.
Por las razones expuestas, debe concluirse que las referencias al «derecho a decidir» contenidas en la Resolución impugnada, de acuerdo con una interpretación constitucional conforme con los principios que acaban de ser examinados, no contradicen los enunciados constitucionales, y que aquellas, en su conjunto, con las salvedades que se han hecho a lo largo de esta Sentencia, expresa una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución.
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5
http://www.ara.cat/politica/DICTAMEN-CONSELL-GARANTIES-9-N_ARAFIL20140822_0002.pdf 
Consell de Garanties Estatutàries. DICTAMEN 19/2014, de 19 d’agost, sobre la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana 
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CONCLUSIONS 
[Totes votades per majoria]
Primera. L'apartat 1 de l’article 1 i els apartats 3, 4 i 5 de l’article 44 de la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana, no vulneren l’autonomia local municipal prevista als articles 137 i 140 CE, i 84 i 86 EAC. Així mateix, aquests tres darrers apartats de l'article 44 tampoc són contraris a les competències de l’Estat ex article 149.1.18 CE. 
Segona. L’article 3 de la Proposició de llei, sobre el concepte i modalitats de les consultes populars no referendàries, no vulnera l'article 149.1.32 CE ni l'article 122 EAC. Adoptada per majoria. 
Tercera. L’article 11 de la Proposició de llei, sobre l’objecte de la consulta, no vulnera l’article 149.1.32 CE ni l’article 122 EAC, com tampoc és contrari al principi d’igualtat de l’article 14 CE. 
Quarta. L’article 5 de la Proposició de llei, relatiu a les persones legitimades, no vulnera els articles 9.3, 14, 23, 92 i 149.1.32 CE ni els articles 29 i 122 EAC. 
Cinquena. L’article 6 de la Proposició de llei, sobre el Registre de participació en consultes populars no referendàries, no vulnera l’article 18 CE ni l’article 31 EAC. 
Sisena. L’article 12 de la Proposició de llei, referit al decret de convocatòria, no vulnera els articles 9.3 i 149.1.32 CE ni l’article 122 EAC. 
Setena. L’apartat 2 de l’article 32, sobre la iniciativa ciutadana, i l’article 38, relatiu a l’acceptació o denegació de la sol·licitud de convocatòria, de la Proposició de llei no vulneren els articles 9.3 i 149.1.32 CE ni l’article 122 EAC.  
Vuitena. L’apartat 4 de l’article 16 de la Proposició de llei, sobre la definició i composició de les comissions de seguiment, no vulnera els articles 36 i 139 CE ni els articles 85 i 125 EAC. 
Novena. L’article 25 de la Proposició de llei, referit a la votació anticipada, no vulnera l’article 9.3 CE. 
Desena. L’apartat 4 de l’article 36 de la Proposició de llei, relatiu als fedataris especials per autenticar les signatures, no vulnera els articles 9.3 i 12 CE. Així mateix, l’apartat 3 de l’article 19, sobre la composició de les meses de consulta, i l’apartat 1 de l’article 41, referit a l’àmbit subjectiu dels processos de participació ciutadana, tampoc vulneren l’article 29 EAC. 

6
http://www.icab.cat/files/242-460835-DOCUMENTO/1373014.pdf
Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana.
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L’article 122 de l’Estatut estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de consultes populars d’àmbit local, i també la competència exclusiva per a promoure consultes populars en l’àmbit de la seva competència i altres formes de participació. L’article 29.6 de l’Estatut estableix que els ciutadans de Catalunya tenen dret a promoure la convocatòria de consultes populars per la Generalitat i els ajuntaments en la forma i amb les condicions que les lleis estableixin.
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Article 16. 
Definició i composició de les comissions de seguiment 
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4. Cada comissió de seguiment està formada per cinc membres designats per la Comissió de Control d'entre juristes i politòlegs de reconegut prestigi: dos a proposta del Consell de l'Advocacia Catalana, un a proposta del Col·legi de Politòlegs de Catalunya, un a proposta del Consell de Governs Locals i un a proposta del Govern. 
5. En el cas que les designacions a què fa referència l’apartat 4 no es puguin dur a terme, les vacants d'aquests membres s’han de cobrir mitjançant designació feta directament per la Comissió de Control d'entre juristes i politòlegs de reconegut prestigi. 
6. El nomenament dels membres de les comissions de seguiment s'ha de fer per decret del president de la Generalitat si la consulta és de l'àmbit de Catalunya, o del president de l'ens local si la consulta és d’àmbit local. En el cas a què fa referència l'article 4.3.e, el nomenament correspon al president de la Generalitat. 
7. Els membres de la comissió de seguiment nomenats han d'elegir per majoria el president i el secretari en la sessió constitutiva. 
8. El mandat dels membres de les comissions de seguiment es correspon amb la durada del procés de la consulta. Es nomenen dins els tres dies posteriors a la convocatòria i el mandat finalitza una vegada transcorreguts noranta dies des de la celebració de la consulta. Les comissions de seguiment s'han de constituir dins els tres dies posteriors al nomenament de llurs membres. 
9. En les consultes populars no referendàries d'àmbit local, el ple de l'òrgan convocant ha de constituir, per mitjà d'un acord adoptat per majoria simple, una comissió de seguiment integrada per cinc membres. En el cas a què fa referència l’article 4.3.e, la designació correspon a la Comissió de Control. 
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7
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6715A/1373016.pdf
DECRET 129/2014, de 27 de setembre, de convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya
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Entre els afers o matèries que poden ser consultats en una convocatòria a tot el territori de Catalunya, s'hi troben aquells, inclosos els d'especial rellevància col·lectiva per al país, respecte dels quals la Generalitat té la potestat d'exercir la iniciativa formal davant de les institucions de l'Estat, tal com li ho reconeixen els articles 87 i 166 de la Constitució i l'article 61 de l'Estatut.
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Article 2 
Objecte 
L'objecte de la consulta és conèixer l'opinió de les persones cridades a participar sobre el futur polític de Catalunya, segons els termes de la pregunta recollida a l'article 3, amb la finalitat que la Generalitat pugui exercir amb ple coneixement de causa la iniciativa legal, política i institucional que li correspon.

8
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2015_015/2014-05829STC.pdf
Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de febrer de 2015.
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...nuestro enjuiciamiento habrá de concluir en la declaración de inconstitucionalidad de aquellos preceptos cuya inteligencia esté indisolublemente ligada a los elementos definidores de las consultas generales,
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1º. Son inconstitucionales y nulas las dos primeras frases del art. 3.3 (“Las consultas populares no referendarias pueden ser de carácter general o sectorial. Las consultas generales son las abiertas a las personas legitimadas para participar en los términos establecidos en el artículo 5”) y los apartados 4 a 9 del art. 16 de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana. 





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