ES HORA DE DEFENDER LOS VALORES DE LA UE (ESP)

ES HORA DE DEFENDER LOS VALORES DE LA UE

Recientemente hemos leído sobre las violaciones del Estado de Derecho en Polonia y Hungría y sus intentos de frenar el presupuesto de la UE, y sobre el compromiso de la UE de aplicar la misma vara de medir a todos los Estados miembros en cuanto al incumplimiento del Estado de Derecho. Sin embargo, España no ha sido señalada, gracias a la censura del Parlamento Europeo sobre el informe de la eurodiputada Clare Daly sobre los derechos fundamentales en la Unión y también gracias a la posición de los altos funcionarios de la UE y diplomáticos que han conseguido transmitir con fuerza la narrativa que quiere imponer España sobre lo que sucede con Cataluña.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la que el exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras gozaba de los derechos de inmunidad que le otorgaba su elección como eurodiputado fue totalmente ignorada por las autoridades españolas y está cumpliendo una condena de 13 años de prisión.

En 2018 una activista social fue detenida por llamar a la participación en una manifestación y acusada de terrorismo. Sin embargo, dos años después, tras meses de encierro en su propia ciudad, un tribunal de Barcelona retiró todos los cargos.

En 2019 el exconsejero catalán de Interior (junto a otros compañeros y dirigentes sociales) fue condenado a más de diez años de prisión, por haber controlado a la policía catalana durante la "sedición" de 2017. Sin embargo, tanto el jefe de la policía como los altos cargos del ministerio han sido recientemente declarados, por otro tribunal, no culpables de ninguna ilegalidad durante aquellos sucesos.

Los llamamientos para la liberación inmediata de los presos políticos, emitidos por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, Amnistía Internacional y asociaciones legales, han sido ignorados por el Estado español.

En 2020, un tribunal español sacudió la política catalana al inhabilitar al presidente de Cataluña por no "obedecer" inmediatamente una notificación de la junta electoral que le ordenaba retirar dos pancartas que pedían la liberación de los presos políticos catalanes y a favor de la libertad de expresión.

Y recientemente, un tribunal de apelación belga denegó la extradición a España del ex consejero de Cultura de Cataluña, ante las serias dudas sobre la posibilidad que fuera garantizado su derecho a un juicio justo.

Todo esto es sólo la punta del iceberg. Es la falta de garantía de un juicio justo, por hechos que no son delito en otros países europeos, lo que tiene a seis políticos catalanes y a varios activistas viviendo en el exilio en Bélgica, Suiza y Escocia. Es una situación chocante, y muchos en Cataluña se quejan de la total pasividad de las instituciones europeas, en comparación con su postura pública ante los acontecimientos de, por ejemplo, Rusia, Turquía y Bielorrusia.

Este es el contexto de la próxima votación del Parlamento Europeo sobre el suplicatorio de España de suspensión de la inmunidad parlamentaria de tres diputados: el ex presidente Carles Puigdemont y sus consejeros Antoni Comin y Clara Ponsatí.

Miquel Strubell i Trueta